Julio Castro: señales de impunidad
El silencio y la mentira atentan contra la sociedad uruguaya
De las cosas que más asombran dentro de los últimos años es la impunidad con la cual se mantienen los torturadores y asesinos que en dictadura se encargaron de eliminar sistemáticamente a personas que bajo ningún concepto podían ser víctimas de lo que fueron y mucho menos sus familiares hoy, del silencio y la mentira que algunos militares practican y que el Estado permite.
Los restos encontrados del maestro Julio Castro dan cuenta y confirman varios aspectos; el primero es la brutalidad y cobardía con la cual actuó el aparato represivo militar en la persecución y eliminación de compañeros y compañeras que se resistían a aceptar un gobierno dictatorial y bregaban por una sociedad con más justicia. El segundo es que el Estado por más que lo declare no está haciendo todo lo que puede y lo que debe para contrarrestar el interminable silencio que permite que hoy en día, todavía no se pueda no solo juzgar, sino ni siquiera saber donde están tantos desaparecidos y desaparecidas. A familiares, amigos y conocidos de estas víctimas no se les puede pedir estar tranquilos, ya que no saben que pasó con ellos. El tercero y tal vez el más vergonzoso es que los últimos desenterraminetos confirmaron el fracaso de la Comisión para la Paz, como mecanismo (en aquel momento) que buscaba llegar a la verdad por medio de una lógica en la que supuestamente los involucrados cooperaban con la verdad en el esclarecimiento de los hechos; de forma similar a la cooperación actual por parte de los mismos involucrados.
Encontrar al maestro Julio Castro con uno (o tal vez más) balazos en la nuca a quemarropa ha sido hasta ahora otra muestra más de que:
1. Los militares involucrados no solo no quieren cooperar, sino que a base de mentiras se salvan, y a los suyos, de una inminente condena que tarde o temprano llegará.
2. Que lo hecho hasta ahora por parte del sistema político no ha sido lo suficiente y que el Estado debe buscar otros mecanismos para llegar a la verdad.
3. Que la brutalidad y cobardía del gobierno represivo ya no puede ponerse en duda, porque las ejecuciones existieron y mentira que Estado y algunos militares no estaban (y tal vez aún están) al tanto de que esto estaba ocurriendo.
Según el informe de la comisión para la paz presentado en el año 2003 (1), el destino de varios de los detenidos desaparecidos en el período de facto fue otro completamente distinto al verdadero y con el agravante de que en realidad, las versiones y declaraciones de los involucrados (cada descubrimiento lo deja más claro) fueron hechas con el objetivo de seguir ocultando la verdad sobre los hechos. Esto último de manera consciente, es decir, las conclusiones a las cuales se llegaron fueron el resultado de declaraciones e investigaciones que varios de los involucrados sabían que no conducirían a nada. Ante esto se debe tener en cuenta que hoy día con esto sobre la mesa no se puede seguir esperando de forma ingenua creyendo que los actores involucrados ayudarán en la búsqueda real de verdad, justicia y castigo a los asesinos.
El Estado no puede permanecer pasivo frente a esta realidad y mucho menos seguir utilizando los mismos mecanismos para saber que fue lo que pasó.
Según el informe mencionado, la comisión para la paz se crea con el objetivo de dar cumplimiento a la necesidad de esclarecer la situación de los detenidos-desaparecidos en época de dictadura; la comisión se crea por la resolución de presidencia “Nº 858/2000, de 9 de agosto de 2000 (Diario Oficial Nº 25.583 de 17 de agosto de 2000)” Informe de la Comisión para la Paz (2003).
Dicha resolución reconocía una obligación ética por parte del Estado y establecía como uno de sus objetivos la preservación de la memoria, aunque también buscaba “consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos”.
Sin embargo el propio informe destaca, entre las complejidades de las investigaciones, tres aspectos de suma importancia y que definen de forma inequívoca su rumbo y profundidad, los cuales son:
1. el carácter persuasivo de la comisión al momento de obtener información mediante las declaraciones
2. la falta de cooperación de policías y militares (no de todos) al momento de otorgar información clave con respecto al paradero de los detenidos-desaparecidos
3. la falta de una institucionalidad de la Comisión para la Paz al momento de investigar al ejército y a la policía como instituciones dentro del Estado
Entre las 26 denuncias referidas a ciudadanos uruguayos confirmadas e investigadas por la comisión, se encontraban las de: Ubagesner Chaves Sosa, Fernando Miranda y Julio Castro, entre otros. El resultado de la investigación de dichas denuncias dio como resultado que solo era posible (de acuerdo a la información obtenida) conocer el paradero de uno de estos 26 detenidos-desaparecidos: Roberto Julio Gomensoro Josman
Según los datos ofrecidos por el informe, los restos de Julio Castro, así como también de Chaves Sosa y Miranda (estos y otros restos han sido encontrados) y los restantes nombres que completan las 26 denuncias, habrían sido exhumados de dependencias de las FF.AA y cremados hacia fines de 1984 para ser arrojados al Rio de la Plata.
“Los restos de todas las personas desaparecidas que fallecieron a partir de 1973 –24 en total- habrían sido exhumados hacia fines del año 1984, incinerados o cremados mediante la utilización de calderas u hornos de fabricación informal alimentados con formas adicionales de combustión y arrojados finalmente al Río de la Plata, en una zona cercana al Barrio Paso de la Arena que ha sido ubicada y señalada con precisión” Informe de la Comisión para la Paz (2003)
Con fecha 16 de abril del año 2003 el informe es aceptado por presidencia y establecido como la “versión oficial de la situación de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto...”(2)
Desde que fue entregado el informe de la comisión para la paz en el año 2003, varias de sus aseveraciones han quedado desacreditadas frente a las nuevas investigaciones y descubrimientos, y aunque tal vez se pueda pensar que han pasado varios años desde su publicación, no se puede dejar de lado el hecho de que el resultado y las conclusiones sobre varios de los asesinatos, estaban completamente equivocadas, debido a la información falsa que se había recabado. Y que incluso la visión institucional que se tenía por entonces sobre las investigaciones, tanto desde el ámbito político, militar e incluso judicial (lo cual debe haber sido determinante al momento de que tipo de información brindar por parte de los involucrados), si ha cambiado, lo ha hecho más en el discurso que en los hechos concretos. Estas características a su vez (la de la comisión y la de la falta de institucionalidad) son parte componente de conceptos como: dar vuelta la página, no vivir en el pasado o nunca más; conceptos que traen consigo una peligrosa lógica de apacigüamiento y olvido y un discurso muchas veces hipócrita sobre verdad y justicia. Cuando esto último justamente es lo que no debería de pasar; para no repetir ni permitir una situación siquiera similar a lo sucedido en dictadura.
Las últimas investigaciones, llevadas a cabo por Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz (3), han dado lugar a hallazgos que van derrumbando ese silencio que mantienen varios de los involucrados, un silencio que aunque se plantee que no existe, es imposible que esto sea así. Que no quieran hacerse responsables por lo que les puede tocar al ser juzgados ya es otro asunto.
El Estado entonces debe actuar de manera diferente otorgando y creando nuevas potestades, institucionalidades y dando herramientas para la investigación de estos hechos, a sabiendas de que la información está y alguien la tiene, o por lo menos, sabe donde se encuentra. No se puede seguir dejando pasar el tiempo, ni seguir haciendo caso omiso a la necesidad de recursos para que estas investigaciones puedan realizarse con un mayor respaldo. Pero más importante aún es que tampoco se puede seguir permitiendo que los militares y policías involucrados, que tienen información, sigan creyendo que la darán cuando ellos crean pertinentes, ni tampoco que sigan tan seguros de que, como en otros tiempos, su posición les permite mantenerse impunes frente a las consecuencias de sus acciones.
"Hay muchas formas de mentir, la más repugnante de todas, es decir la verdad, toda la verdad y ocultar el alma de los hechos" Juan Carlos Onetti
(1) Disponible en: http://www.serpaj.org.uy/serpajph/documentos/d_copazfinal.pdf
(2) Información disponible en: http://archivo.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2003/abril/2003041603.htm
(3) Secretaria que siguió funcionando luego del informe final de 2003, y que a partir del 2007 y con la incorporación de nuevos integrantes retomó con fuerza la investigación de los detenidos-desaparecidos en Uruguay.
De las cosas que más asombran dentro de los últimos años es la impunidad con la cual se mantienen los torturadores y asesinos que en dictadura se encargaron de eliminar sistemáticamente a personas que bajo ningún concepto podían ser víctimas de lo que fueron y mucho menos sus familiares hoy, del silencio y la mentira que algunos militares practican y que el Estado permite.
Los restos encontrados del maestro Julio Castro dan cuenta y confirman varios aspectos; el primero es la brutalidad y cobardía con la cual actuó el aparato represivo militar en la persecución y eliminación de compañeros y compañeras que se resistían a aceptar un gobierno dictatorial y bregaban por una sociedad con más justicia. El segundo es que el Estado por más que lo declare no está haciendo todo lo que puede y lo que debe para contrarrestar el interminable silencio que permite que hoy en día, todavía no se pueda no solo juzgar, sino ni siquiera saber donde están tantos desaparecidos y desaparecidas. A familiares, amigos y conocidos de estas víctimas no se les puede pedir estar tranquilos, ya que no saben que pasó con ellos. El tercero y tal vez el más vergonzoso es que los últimos desenterraminetos confirmaron el fracaso de la Comisión para la Paz, como mecanismo (en aquel momento) que buscaba llegar a la verdad por medio de una lógica en la que supuestamente los involucrados cooperaban con la verdad en el esclarecimiento de los hechos; de forma similar a la cooperación actual por parte de los mismos involucrados.
Encontrar al maestro Julio Castro con uno (o tal vez más) balazos en la nuca a quemarropa ha sido hasta ahora otra muestra más de que:
1. Los militares involucrados no solo no quieren cooperar, sino que a base de mentiras se salvan, y a los suyos, de una inminente condena que tarde o temprano llegará.
2. Que lo hecho hasta ahora por parte del sistema político no ha sido lo suficiente y que el Estado debe buscar otros mecanismos para llegar a la verdad.
3. Que la brutalidad y cobardía del gobierno represivo ya no puede ponerse en duda, porque las ejecuciones existieron y mentira que Estado y algunos militares no estaban (y tal vez aún están) al tanto de que esto estaba ocurriendo.
Según el informe de la comisión para la paz presentado en el año 2003 (1), el destino de varios de los detenidos desaparecidos en el período de facto fue otro completamente distinto al verdadero y con el agravante de que en realidad, las versiones y declaraciones de los involucrados (cada descubrimiento lo deja más claro) fueron hechas con el objetivo de seguir ocultando la verdad sobre los hechos. Esto último de manera consciente, es decir, las conclusiones a las cuales se llegaron fueron el resultado de declaraciones e investigaciones que varios de los involucrados sabían que no conducirían a nada. Ante esto se debe tener en cuenta que hoy día con esto sobre la mesa no se puede seguir esperando de forma ingenua creyendo que los actores involucrados ayudarán en la búsqueda real de verdad, justicia y castigo a los asesinos.
El Estado no puede permanecer pasivo frente a esta realidad y mucho menos seguir utilizando los mismos mecanismos para saber que fue lo que pasó.
Según el informe mencionado, la comisión para la paz se crea con el objetivo de dar cumplimiento a la necesidad de esclarecer la situación de los detenidos-desaparecidos en época de dictadura; la comisión se crea por la resolución de presidencia “Nº 858/2000, de 9 de agosto de 2000 (Diario Oficial Nº 25.583 de 17 de agosto de 2000)” Informe de la Comisión para la Paz (2003).
Dicha resolución reconocía una obligación ética por parte del Estado y establecía como uno de sus objetivos la preservación de la memoria, aunque también buscaba “consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos”.
Sin embargo el propio informe destaca, entre las complejidades de las investigaciones, tres aspectos de suma importancia y que definen de forma inequívoca su rumbo y profundidad, los cuales son:
1. el carácter persuasivo de la comisión al momento de obtener información mediante las declaraciones
2. la falta de cooperación de policías y militares (no de todos) al momento de otorgar información clave con respecto al paradero de los detenidos-desaparecidos
3. la falta de una institucionalidad de la Comisión para la Paz al momento de investigar al ejército y a la policía como instituciones dentro del Estado
Entre las 26 denuncias referidas a ciudadanos uruguayos confirmadas e investigadas por la comisión, se encontraban las de: Ubagesner Chaves Sosa, Fernando Miranda y Julio Castro, entre otros. El resultado de la investigación de dichas denuncias dio como resultado que solo era posible (de acuerdo a la información obtenida) conocer el paradero de uno de estos 26 detenidos-desaparecidos: Roberto Julio Gomensoro Josman
Según los datos ofrecidos por el informe, los restos de Julio Castro, así como también de Chaves Sosa y Miranda (estos y otros restos han sido encontrados) y los restantes nombres que completan las 26 denuncias, habrían sido exhumados de dependencias de las FF.AA y cremados hacia fines de 1984 para ser arrojados al Rio de la Plata.
“Los restos de todas las personas desaparecidas que fallecieron a partir de 1973 –24 en total- habrían sido exhumados hacia fines del año 1984, incinerados o cremados mediante la utilización de calderas u hornos de fabricación informal alimentados con formas adicionales de combustión y arrojados finalmente al Río de la Plata, en una zona cercana al Barrio Paso de la Arena que ha sido ubicada y señalada con precisión” Informe de la Comisión para la Paz (2003)
Con fecha 16 de abril del año 2003 el informe es aceptado por presidencia y establecido como la “versión oficial de la situación de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto...”(2)
Desde que fue entregado el informe de la comisión para la paz en el año 2003, varias de sus aseveraciones han quedado desacreditadas frente a las nuevas investigaciones y descubrimientos, y aunque tal vez se pueda pensar que han pasado varios años desde su publicación, no se puede dejar de lado el hecho de que el resultado y las conclusiones sobre varios de los asesinatos, estaban completamente equivocadas, debido a la información falsa que se había recabado. Y que incluso la visión institucional que se tenía por entonces sobre las investigaciones, tanto desde el ámbito político, militar e incluso judicial (lo cual debe haber sido determinante al momento de que tipo de información brindar por parte de los involucrados), si ha cambiado, lo ha hecho más en el discurso que en los hechos concretos. Estas características a su vez (la de la comisión y la de la falta de institucionalidad) son parte componente de conceptos como: dar vuelta la página, no vivir en el pasado o nunca más; conceptos que traen consigo una peligrosa lógica de apacigüamiento y olvido y un discurso muchas veces hipócrita sobre verdad y justicia. Cuando esto último justamente es lo que no debería de pasar; para no repetir ni permitir una situación siquiera similar a lo sucedido en dictadura.
Las últimas investigaciones, llevadas a cabo por Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz (3), han dado lugar a hallazgos que van derrumbando ese silencio que mantienen varios de los involucrados, un silencio que aunque se plantee que no existe, es imposible que esto sea así. Que no quieran hacerse responsables por lo que les puede tocar al ser juzgados ya es otro asunto.
El Estado entonces debe actuar de manera diferente otorgando y creando nuevas potestades, institucionalidades y dando herramientas para la investigación de estos hechos, a sabiendas de que la información está y alguien la tiene, o por lo menos, sabe donde se encuentra. No se puede seguir dejando pasar el tiempo, ni seguir haciendo caso omiso a la necesidad de recursos para que estas investigaciones puedan realizarse con un mayor respaldo. Pero más importante aún es que tampoco se puede seguir permitiendo que los militares y policías involucrados, que tienen información, sigan creyendo que la darán cuando ellos crean pertinentes, ni tampoco que sigan tan seguros de que, como en otros tiempos, su posición les permite mantenerse impunes frente a las consecuencias de sus acciones.
"Hay muchas formas de mentir, la más repugnante de todas, es decir la verdad, toda la verdad y ocultar el alma de los hechos" Juan Carlos Onetti
(1) Disponible en: http://www.serpaj.org.uy/serpajph/documentos/d_copazfinal.pdf
(2) Información disponible en: http://archivo.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2003/abril/2003041603.htm
(3) Secretaria que siguió funcionando luego del informe final de 2003, y que a partir del 2007 y con la incorporación de nuevos integrantes retomó con fuerza la investigación de los detenidos-desaparecidos en Uruguay.
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